El Gobierno decidió este lunes frenar los beneficios impositivos que habían sido dispuestos en mayo pasado, durante la gestión de Mauricio Macri, para incentivar a las empresas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información, entre ellas Mercado Libre, Accenture, IBM y Globant.
La suspensión de la aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento fue publicada en el Boletín oficial por el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Matías Kulfas.
![Mauricio Macri, en la inauguración de las nuevas oficinas de Mercado Libre en el barrio porteño de Saavedra. (Foto:Sarah Pabst/Bloomberg)](https://viapais.com.ar/resizer/1-rxslHdKaqBsLETUEd1vs6dBeM=/1023x682/smart/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/MU2DIMJVMMZGKN3FHBTDSNRVGU.jpg)
La llamada "nueva ley de software" tenía como objetivo incentivar las actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información, teniendo como objetivo central el desarrollo de sectores con potencial a futuro que requieren capital humano altamente calificado.
Los sectores favorecidos estaban relacionados a los servicios informáticos y digitales; producción y posproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, bioinformática y neurotecnología; además de servicios geológicos y de prospección, industria aeroespacial y satelital y servicios profesionales.
![Matias Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo (Foto:Web)](https://viapais.com.ar/resizer/_Cc5WfG-F2Vrz_8UQDCIdlwBTJA=/1023x614/smart/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/MQZDAMRYGJQWKNBWHE3DGODGGE.jpg)
Entre los beneficios tributarios se contemplaba la aplicación de una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, y la posibilidad de deducción del crédito por impuestos análogos pagados en el exterior.
La ley había caducado a fines de diciembre y ahora la Resolución 30/2020 resuelve suspender los plazos para las solicitudes de adhesión. La industria que engloba esta ley tiene 120.000 empleados y exporta anualmente alrededor de US$6.000 millones.
El Gobierno argumentó que el cambio se debe a la eliminación de la Subsecretaría de Economía del conocimiento. Ahora deberá desarrollar una nueva ley para reglamentar las normas fiscales del sector.