La Mesa de Enlace entró en paro desde este lunes, pese a que el Gobierno de Alberto Fernández anunció la reapertura parcial a las exportaciones de maíz. Eso llevó a reavivar el conflicto con el campo, que viene de vieja data.

El problema es que hay un choque de posturas. El Gobierno quiere evitar aumentos en el precio de la carne, que se encareció por la suba del valor internacional del maíz, debido a que se usa como principal alimento de los animales. Y la bandera de mantener “precios populares” le juega una mala pasada en la contienda con el campo, que cree que hay un intento de lockout.

En ese sentido, el titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, sentó postura y manifestó su preocupación con el proceder el Gobierno. “Si es una medida como comenzó el cierre de exportación de carne por 15 días y que luego generó la pérdida de 12 millones de cabezas, porque se trasladó indefinidamente en el tiempo, nos preocupa. Nos preocupa la intención de que baje la carne también, aparte de bajar el maíz”, manifestó en diálogo con TN.

Un 2020 sin tregua

Durante el 2020, año marcado por la pandemia de coronavirus, tampoco hubo tregua. En primer lugar, la intervención al grupo Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para su eventual expropiación. Esa decisión del Gobierno llevó a que haya marcha de tractores y tensión con el sector rural y la oposición, lo que llevó a Alberto Fernández a dar marcha atrás en el asunto.

El 8 de junio de 2020, el mandatario propuso tramitar (vía legislativa) la intervención de una de las mayores exportadoras de granos y derivados de la Argentina. Pero el juez a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, impugnó la intervención decretada por Fernández y ordenó reponer al directorio de la empresa.

Sin embargo, el mismo juez decidió a principios de diciembre de 2020 la intervención de Vicentin por 90 días hábiles judiciales. De acuerdo al fallo, está al frente del proceso Andrés Shocron, uno de los veedores que propuso el comité de acreedores.

El Grupo Vicentin entró en cese de pagos el 4 de diciembre de 2019 y el 10 de febrero pasado solicitó el concurso preventivo de acreedores en medio de una situación que la empresa describió como de “estrés financiero”.

En tanto, el otro conflicto tuvo lugar en los últimos meses del año pasado y el motivo fue la soja: pese a que el Gobierno redujo de forma transitoria las retenciones para incentivar las exportaciones y ganar reservas a través de la liquidación de dólares, no hubo voto de confianza del campo y la suba en las cantidades exportadas no fue representativa.

La norma -decreto 790/2020- ordenaba la baja del grano de soja de 33 a 30% en octubre; en noviembre, 31,5%; en diciembre, 32%; mientras que en enero de 2021 regresó a 33%.

Eso generó polémica en las entidades del campo. Es que argumentaban que mientras para la producción la baja de las retenciones será temporal, para la industria se fijará un diferencial que será permanente.

A eso se le suma la ocupación de un campo de los Etchevehere, en un conflicto que no estuvo marcado por la variación de precios. Se trató de un episodio basado en sucesión de bienes y protagonizado por el dirigente Juan Grabois, en conjunto con Dolores Etchevehere, y el exministro de Agroindustria de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere.

La jueza de segunda instancia, María Carolina Castagno, ordenó la inmediata restitución del campo Casa Nueva para ponerle fin a la toma.

“Carece de toda relevancia la discusión sobre el título de propiedad o el estadío del proceso sucesorio. Tal conclusión habilita la procedencia de la cautela interesada a saber el reintegro inmediato de establecimiento rural identificado como Casa Nueva”, expresó en ese momento la jueza sobre el pedido de desalojo por parte de la familia del exfuncionario.

Entre los argumentos, la jueza dio conocer documentos que presentaron ambas partes y uno de ellos era el convenio en el que Dolores renunció a inmuebles a cambio de un pago en dólares, por lo que se concluye que no es socia accionaria de la empresa Las Margaritas S.A. que preside su mamá, Leonor.

A su vez, había ordenado que se identifiquen a los ocupantes y se deje constancia. Además, había establecido que en la restitución de la propiedad solo se haga uso de la fuerza en la medida de lo indispensable.

La Resolución 125

No obstante, el momento más álgido de esta relación se remonta a 2008, cuando el por aquel entonces vicepresidente Julio Cobos anunció su voto “no positivo” y derrumbó la chance de sancionar la Resolución 125 (firmada por Cristina Kirchner y Alberto Fernández, quien era Jefe de Gabinete) de retenciones móviles a las exportaciones de soja.

Debido a la dimensión del conflicto, que parecía no tener salida, Cobos fue el que le había recomendado al Gobierno la participación del Congreso en el asunto, propuesta que aceptó Cristina y que anunció por cadena nacional.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo ganó y se aprobó el proyecto de ley de retenciones (129 a 122). Pero, tras un debate de 18 horas, Cobos tuvo que desempatar la votación en el Senado y rechazó el proyecto. Un día después, el gobierno derogó la resolución.

La antesala de ese desenlace estuvo marcada por cortes de rutas, manifestaciones y huelgas promovidas por la Mesa de Enlace Agropecuaria (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro). Incluso, el Gobierno había tildado al sector de “golpista”.

Cabe recordar que la idea de “la 125″ era establecer una fórmula para transformar el porcentaje retenido en móvil y así marcar una relación inversa con los granos.