A través del decreto 138/21, esta semana Alberto Fernández anuló los cambios dispuestos por Mauricio Macri en la ley de migraciones. Según indicó el Gobierno, el DNU del expresidente “modificó aspectos sustanciales” de la normativa que “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

La Dirección Nacional de Migraciones justificó la derogación del DNU 70/17, el decreto que Macri firmó. Sostuvo que la anulación del DNU no flexibiliza los controles inmigratorios. “Los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el decreto 70 y en la ley que se restituye”, remarcó.

A su vez, Migraciones acusó a la gestión de Macri de haber montado “un sistema de espionaje ilegal” para hacer un seguimiento sobre los ingresos y egresos al país de 58.000 personas, entre las que se encontraban políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y artistas.

Migraciones acusó a la gestión de Macri de haber montado “un sistema de espionaje ilegal”.

Por ese motivo, las autoridades presentaron una denuncia penal contra los exfuncionarios del macrismo el 22 de octubre del año pasado, que se tramita en el juzgado nacional en lo criminal N° 2.

“Este seguimiento ilegal no contaba con autorización judicial ni requerimiento formal alguno. Se apoyaba en el sistema Halcón, creado para tramitar los requerimientos judiciales. Sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de Seguridad”, detallaron desde la Dirección a cargo de Florencia Carignano, sobre la denuncia que involucra al organismo que durante el gobierno anterior estuvo a cargo de Rogelio Frigerio.

Entre las presuntas víctimas del “espionaje ilegal” de Migraciones figuran la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; el exfuncionario Julio De Vido; y Francisco De Narváez, entre otros.

Las denuncias llegaron a detectar vínculos dentro del gobierno de Cambiemos con la mafia china.

Además, el Gobierno detectó irregularidades en el otorgamiento de claves que permitían acceder a los datos migratorios de los ciudadanos. “De las 29.344 claves, más de 20.400 fueron otorgadas injustificadamente a la Policía de la Ciudad. Si consideramos que al momento de otorgarlas dicha fuerza de la Ciudad contaba con sólo 13.000 policías, la fuerza poseía de manera ilógica más claves que policías”, subrayó la actual cúpula del organismo.

Las denuncias llegaron a detectar vínculos dentro del gobierno de Cambiemos con la mafia china a través de ingresos ilegales de miles de ciudadanos de este país. “Por estos hechos fue detenido un funcionario de la gestión del ex ministro Rogelio Frigerio, causa que se tramitó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín”, recuerdan.

Durante la gestión de Cambiemos, unos 3.000 extranjeros fueron expulsados del país. Según un informe elaborado por Migraciones en 2019, la cifra de deportados tuvo un crecimiento exponencial durante el mandato de Macri, sobre todo, luego de que entrara en vigencia el DNU 70/17. Entre 2016 y 2018, la cifra de extranjeros expulsados pasó de 323 a 703.

Para el gobierno de Fernández, el aumento de la cifra de deportados registrada durante la administración de Macri se debió a la creación de la “Dirección de Extranjeros Judicializados”. “Esa dirección se dedicó a liberar presos extranjeros de las cárceles argentinas para enviarlos a su país de origen con el pasaje pago por el Estado”, afirmó Carignano.