Senado: comienza el debate para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria

La Cámara de Senadores se encamina a abrir otro de los grandes debates que marcará las discusiones legislativas en la que predominarán las diferencias entre el Frente de Todos y la coalición opositora Juntos por el Cambio: el oficialismo busca reemplazar la fórmula de movilidad jubilatoria que puso en marcha Mauricio Macri, para volver al esquema que rigió durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

A partir de las 14, los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda comenzarán a evaluar la iniciativa que giró la Casa Rosada con la presencia de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

De la voluntad que se imponga en el Poder Legislativo surgirá la ecuación para reemplazar la ley 27.426, que promovió el gobierno de Macri, que comenzó a aplicarse en 2018 y que se suspendió apenas asumió el presidente Alberto Fernández a través de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Económica.

La normativa que fijó Macri estableció aumentos jubilatorios trimestrales a definirse según la marcha de la inflación, medida por el Indec a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y de los salarios según el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que elabora el Ministerio de Trabajo.

En sus fundamentos, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que “en apenas dos años, las prestaciones perdieron casi el 20% de su nivel real de ingresos” por seguir esos criterios de actualización.

Cuando se suspendió la fórmula de Macri, también se definió que sea la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional la que retome las discusiones para recomendar una propuesta alternativa. Y luego de alrededor de seis meses de deliberaciones, los integrantes de ese cuerpo optaron por volver a proponer el mecanismo que se diseñó a pedido de Cristina Kirchner, y que rigió entre 2008 y 2017.

En la Casa Rosada respaldan esa voluntad porque, según resaltan, con aquel sistema “las prestaciones acumularon a lo largo del tiempo (más allá de los vaivenes macroeconómicos) un incremento de más de un 25% de su poder de compra”.

Los antecedentes permiten vaticinar que, de nuevo, los debates parlamentarios no sólo se centrarán en los aspectos técnicos de una cuestión tan sensible como la fórmula para actualizar las jubilaciones, en un país donde la mínima no supera los 20.000 pesos, sino que además se llevarán adelante con las banderas partidarias ya conocidas en el terreno de la polarización.

El texto que presentó el Gobierno fue elaborado en base a la propuesta de 131 páginas elevada por la mencionada comisión. Puntualmente, establece que los futuros aumentos serán semestrales y se calcularán mediante la fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%).

De aprobarse, la nueva hoja de ruta comenzará a aplicarse en marzo y pondrá fin así al período en el que el presidente Fernández actualizó los haberes a través de decretos. Sobre esto último, en la Anses aseguran que con esos incrementos, “los beneficiarios del haber mínimo tuvieron un incremento anual del 35,3%”.

“Debe tenerse en cuenta que la fórmula de movilidad debe ser leída como parte del programa macroeconómico para la reconstrucción argentina y no como una medida aislada de su contexto social, económico y político y que se expresa en un proceso que tiene como norte no dejar atrás a los sectores más vulnerables de la población y que precisamente por ello, requiere de una alta dosis de responsabilidad para no volver a caer en profundas decepciones”, afirmó el Gobierno en el texto con el que giró el proyecto al Senado.

Es que las discusiones sobre el futuro de las jubilaciones se enmarcan en la negociación abierta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar una deuda de alrededor de 44.000 millones de dólares, que solicitó la administración de Macri, y en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá encaminar sus pretensiones dentro de los parámetros de ajuste que exige el organismo multilateral de crédito para conceder sus programas.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.