Más de 50 personas reclaman Justicia por estafas en la construcción

Luego de la imputación al empresario Horacio Souza por estafas, a través de su firma "HS Desarrollos Urbanos", a 60 personas. El juez, Martín Arroyo determinó que durante un año se investigarán los hechos y prohibió que se aleje más de 200 kilómetros de Bariloche. El imputado habría cobrado por la construcción de viviendas que no se realizaron ni entregaron a las más de 50 personas perjudicadas que ya radicaron la denuncia.

"Somos gente de clase media, trabajadora que con mucho esfuerzo, quisimos concretar el sueño de la casa propia y de la noche a la mañana, nos quedamos sin casa y sin plata", definieron. Tuvieron que unirse para llevar adelante una demanda colectiva contra Souza. Una de las personas afectadas contó que  "veía casas de él por distintos barrios, con carteles y me pareció que era una buena opción", reconoció Graciela que firmó el contrato en agosto del 2016. Agustín conoció a la empresa a través de publicidades en canales de televisión aunque también vio varios avisos en redes sociales. "Llegué a pagar el 80% de la casa y no hicieron ni la platea", describió.

Por su parte, Gisela pagó el 87% de la vivienda. En este caso, sí se hizo una platea en su terreno, pero aclaró que "estaba mal hecha porque no le pusieron anticongelante; de modo que tuvieron que hacer otra". Nunca pasó. Una de las hijas de las personas estafadas relató que su mamá, Alicia, con 65 años recibió dinero de una herencia de sus padres e invirtió todo en la posibilidad de construir una casa, "mi mamá pagó todo. Eran alrededor de 90 mil dólares", explicó su hija que sigue la causa, ya que su madre con tres bypass se le hace imposible llevar adelante el seguimiento judicial.

A su vez, aseguran que además de Bariloche, hay damnificados de Dina Huapi, Esquel, Villa La Angostura, El Bolsón, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. La compañía cobraba el metro cuadrado entre 850 y 1.000 dólares. Los damnificados informaron que la municipalidad aprobaba los planos, los plazos de construcción podían establecerse en 240 o 180 días, según cada caso. "Hace 10 años que la firma está en la ciudad y según dicen, ya había entregado unas 160 casas", detallaron.

En un principio, la oficina funcionaba en la avenida Esandi pero a mediados del año pasado, empezaron a atender en una planta en la calle Henry Ford. "Cuando pasé a pagar la cuota, me dijeron que les estaba yendo tan bien, que necesitaban un lugar más grande. Un día, un conocido me dice que estaban vaciando el galpón. Pasamos y vimos que los exempleados estaban cargando cosas en unos autos", advirtió Graciela.

Una de las afectadas se presentó ante la Fiscalía para radicar la denuncia y se encontró con ya había otras dos personas realizando el mismo trámite. Otras dos esperaban afuera. De esta manera comenzaron a vincularse y se dieron cuenta que no eran los únicos que fueron estafados.

El fiscal Sergio Pichetto reconoció que desde la fiscalía pidieron diversas medidas de prueba para constatar si hay delito o no. "Hicimos varias reuniones con los vecinos para ponerlos al tanto. En esos encuentros, me plantearon agotar la instancia de conciliación penal", planteó y advirtió que de todos modos, la causa sigue su curso.

Medidas Judiciales

En abril, la fiscal de turno Betiana Cendón dirigió un allanamiento en la oficina y el taller de la empresa, ubicados en el barrio Ñireco. También ingresaron en el domicilio del empresario denunciado en el barrio Las Chacras, que se encontraba prófugo. La jueza de Garantías Romina Martini dictó una orden de captura de Souza y dispuso el bloqueo de las cuentas bancarias.

El 19 de ese mes, el empresario dejó un escrito en sus redes sociales que su "ausencia" fue en busca de "tranquilidad" y que tiene su empresa tiene un presente "fallido económicamente" por la crisis financiera, a la inflación y un conflicto sindical. Una semana después, el empresario se presentó en la fiscalía después de diez días prófugo de la Justicia. Fue liberado horas más tarde tras ser imputado por 32 casos de estafas.

El juez Martín Arroyo otorgó un plazo de un año para investigar si se trata de un caso por el delito de estafa y estableció como pautas de conductas del imputado que comparezca en fiscalía, que no debe alejarse a más de 200 kilómetros de Bariloche sin previa comunicación a la Justicia y definió una prohibición para salir del país. Según publicó Río Negro.