Se inició una investigación por estafas de obras sociales que dejan sin cobertura a sus afiliados

Tras la presentación de una denuncia ante la Justicia por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Policía Federal se dispuso a realizar varios allanamientos a diferentes obras sociales, acusadas de haber estafado a sus afiliados.

La denuncia, procedida en 2021, esgrime que varios damnificados habrían quedado sin cobertura médica. Además, se incluye una potencial usurpación de la identidad de dichas personas.

Los procedimientos de allanamiento fueron realizados por las fuerzas de seguridad en un edificio situado en la calle Sarmiento al 600, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, así como también en varias casas y countries de Moreno, La Delfina (Pilar) y San Diego.

Durante los mismos, fueron secuestrados documentos vinculados con el expediente del caso. Así, se detalla que “Ética Salud” o “Ética +” se presentó como una obra social, pero la misma está registrada como “gerenciadora de salud”, por lo que no puede ser una empresa que preste el servicio de salud.

Por estos motivos, precisa estar afiliada a una obra social, para poder recibir los aportes de los afiliados. Las víctimas de esta causa denunciaron que nunca les llegaron las credenciales correspondientes, y tampoco pueden ser atendidos en los distintos centros médicos que tendrían designados.

Hay que mencionar que “Ética +” tiene más de 80 mil afiliados, y además “cuenta con centros médicos, clínicas, hospitales y profesionales de la salud en todo el país para la atención completa, brindando asistencia profesional, rápida y confiable”.

En esa misma línea de renombre, logra sponsorear a varios equipos de Primera División del fútbol argentino, tales como Racing, Independiente y Huracán.

La supuesta estafa radica en que los “gerentes” de la mencionada organización compran la base de datos de los afiliados de obras sociales. Luego, los “reclutadores” o “vendedores” hace el traspaso de los afiliados a esta organización.

De esta manera se produce una especie de “robo de identidad” de las víctimas, que terminan siendo traspasadas a esa organización, pero no reciben la atención médica a la hora de tener que atenderse.