Fiscales objetan iniciativa para intervenir el Poder Judicial provincial

Niegan que haya alguna "alteración ilegítima al orden institucional y jurídico de la provincia".

Ministerio Público de la Acusación, de Jujuy
Ministerio Público de la Acusación, de Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy consideró que no existe ninguna "alteración ilegítima al orden institucional" en la provincia que habilite una intervención del Poder Judicial local, tal como lo propuso el senador nacional Guillermo Snopek en un proyecto presentado en la Cámara alta.

Así quedó expresado en un comunicado emitido por el Ministerio Público jujeño, que lleva las firmas del fiscal general Sergio Lello Sánchez, el secretario general Ignacio Pasquini y unos quince fiscales y titulares de unidades fiscales especializadas que conforman la estructura, creada a fines de diciembre de 2015, en el inicio de la gestión de Gerardo Morales en la gobernación.

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"Habiendo tomado conocimiento del proyecto de intervención (...) los firmantes, fiscales del MPA, no advertimos ningún supuesto previsto en la constitución de la Nación Argentina, ni alteración ilegítima al orden institucional y jurídico de la provincia que motive la intervención aludida", expresaron en el comunicado.

El fiscal general Sergio Lello Sánchez encabeza las firmas asentadas en el comunicado.
El fiscal general Sergio Lello Sánchez encabeza las firmas asentadas en el comunicado.

Entre los fundamentos del proyecto de Snopek se menciona la creación del MPA y la ampliación, a poco de asumir Morales, del Superior Tribunal de Justicia, pasando de cinco a nueve sus miembros, uno de los cuales sería el hasta entonces diputado provincial por la UCR, Pablo Baca, que en diciembre del año pasado fue designado como nuevo presidente de la Corte provincial.

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La iniciativa de intervención, que según Snopek venía gestando hace tiempo, tomó impulso luego de que se difundiera recientemente una serie de audios en los que se escucha a Baca decir que la dirigente social Milagro Sala está presa "no por sus delitos", sino para que no haya que "volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas", lo que motivó también un pedido de juicio político en su contra que avanza en la Legislatura jujeña.