La DGE deberá indemnizar a una docente que le impidieron trabajar por “tener sobrepeso”

La denunciante debe recibir $1.350.000 por daños y perjuicios por negarle el apto psicofísico para poder dar clases.

Le prohibieron dar clases a una docente por tener sobrepeso y ahora el Estado debe indemnizarla.
Le prohibieron dar clases a una docente por tener sobrepeso y ahora el Estado debe indemnizarla. Foto: Orlando Pelichotti

La Dirección General de Escuelas deberá pagar $1.350.000 a la docente porque le negaron trabajar al no habilitarle el apto psicofísico. El motivo que le dieron fue porque tiene sobrepeso y el monto lo confirmó la Justicia Civil de la provincia.

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El fallo fue firmado por la jueza Fabiana Matinelli por daños y perjuicios hacia la docente. Desde el Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada confirmaron que la mujer esta apta para realizar sus tareas sin convenientes.

La profesional de la educación trabaja para el DGE desde el 2002 donde su certificado para trabajar se consideraba apto. Luego de dos años el certificado de aptitud que recibía comenzó a ser emitido con el anuncio de “apto con patologías preexistentes”, en relación al sobrepeso.

Preocupada por la situación que le prohibiría ejercer su oficio, la docente fue a profesionales de la salud para lograr bajar de peso. Este tratamientos que le derivaron permitió que en el 2013 se le otorgará un certificado apto con preexistencias, tomando como única patología a la obesidad.

La DGE deberá indemnizar a la docente.
La DGE deberá indemnizar a la docente. Foto: Cadena Ser

En el fallo indican que “el índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada”.

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“No dudo que todo el proceso que la señora ha acreditado viene realizando desde el año 2002 para poder trabajar como administrativa y docente en la DGE le ha ocasionado un daño injustamente que el Estado debe reparar. Con fundamento en la prevención ha rayado con la discriminación, lesionando severamente no sólo la igualdad, sino todos los derechos constitucionalmente garantizados de la actora”, añadió la jueza.

“No puedo olvidar, además, que durante largos períodos no ha podido acceder a cargos docentes suplentes, que además le redituaban un salario extra muy importante en los momentos en que vivimos”, advierte el documento.