El Gobierno de Mendoza pretende contar con seguridad jurídica para poder adjudicar la megaobra de Portezuelo del Viento, pero hasta el momento no la consigue. La Casa Rosada aseguró ayer que el gobernador Rodolfo Suárez no inició formalmente el pedido de laudo presidencial, y el mandatario provincial aseguró que sí lo hizo.

Suarez manifestó en las redes sociales, y en reacción a una carta del Ministerio del Interior que va a “reiterar nuevamente el pedido de laudo y la solicitud de viabilidad de la obra”.

En la misiva firmada por el ministro Eduardo De Pedro y dada a conocer por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se destaca que “Habiendo realizado una sucinta reseña de los antecedentes en cuestión, es preciso remarcar que, a la fecha, no consta en el ámbito de este Ministerio del Interior o del Consejo de Gobierno del Coirco, presentación alguna por parte de vuestra provincia que dé formal inicio a la instancia de laudo arbitral del Presidente de la Nación”. O sea que se señaló que nunca se pidió el arbitraje.

Las diferencias de posiciones entre Nación y Provincia es abismal. Por su parte el Ministerio del Interior sostiene en su carta que “en caso de que se pretenda avanzar en ese sentido (el laudo), y a efectos de garantizar el debido proceso, se solicita al señor gobernador tenga a bien interponer la petición conforme a derecho, munido de la prueba de la que pretenda valerse, de manera de dar inicio al correspondiente juicio arbitral”.

Por su parte Suarez para responderle a la Nación se refirió al acta 73 de aquel 26 de junio de 2020, en donde queda sentando la posición provincial en contra de un nuevo estudio. “Manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo acuerdo”, expresa textualmente el acta difundida por Suárez en Twitter.

“Una vez más el Gobierno Nacional busca perjudicar a Mendoza al no tomar una postura clara” sobre Portezuelo del Viento, “ahora pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo”, criticó Suárez.

No obstante, confirmó que volverá a la carga por el arbitraje y pidió que sea Fernández quien termine decidiendo el destino de la obra.

El cambio en la estrategia de la Provincia se oficializó hace pocas semanas, porque hasta entonces, el laudo presidencial no era para el Gobierno un elemento clave para avanzar en la adjudicación de la obra al único oferente. Se trata de Malal-Hue, la UTE liderada por la empresa china Sinohydro e integrada por las firmas locales Ceosa y Obras Andinas.

Mientras una comisión técnica evalúa la mejora de la oferta realizada, en el Gobierno provincial apuntaron al laudo presidencial y evitar un riesgo jurídico que afecte el desarrollo de la obra.