Con el rechazo de Juntos por el Cambio, el Senado sancionó una de las leyes económicas que pidió Massa

Con el rechazo de Juntos por el Cambio, el Senado sancionó este miércoles la prórroga del blanqueo de capitales destinados a la construcción, una de las cuatro leyes pedidas por el ministro de Economía, Sergio Massa, que además es autor del proyecto original.

Sergio Massa aseguró que la caída de las reservas internacionales fue para “garantizar energía a hogares, industrias y comercios”

La iniciativa recibió 35 votos a favor y 26 en contra. El Frente de Todos contó con apoyo de la schiarettista Alejandra Vigo, el rionegrino Alberto Weretilneck y sus aliadas Clara Vega, de La Rioja, y Magdalena Solari Quintana, de Misiones.

La UCR ya había mostrado resistencia a acompañar en Diputados, donde se abstuvo. El dato más llamativo fue el rechazo del PRO, dado que el proyecto original tiene como coautor al jefe del bloque de diputados de ese espacio, Cristian Ritondo.

“Claramente, es una ley que favorece la especulación y la informalidad de aquellos que siempre están al acecho de moratorias que legitimen su permanente conducta evasiva, que desalienta al que cumple con todas las normativas e imposiciones que el Estado establece”, advirtió a este medio Luis Juez (PRO-Córdoba).

Desde el radicalismo, el chaqueño Víctor Zimmermann señaló que “está claro que este es un blanqueo, y como blanqueo es inequitativo para aquellos que permanentemente pagan”. Además, denunció que “no incentiva el buen comportamiento fiscal y es un nuevo parche para no discutir una política tributaria de fondo”.

“Es un sector que ha sido claramente beneficiado en el último tiempo por los costos que tienen que ver con la construcción”, agregó Zimmermann.

Precisamente, la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, la oficialista María Teresa González, aportó cifras que dan cuenta de la recuperación del sector.

Según la senadora, en junio de este año el indicador de la actividad de la construcción mostró una suba del 7,2% respecto al mismo mes de 2021, y el acumulado del primer semestre de 2022 presentó un incremento del 6,5% respecto al mismo período de 2021.

González agregó que “si bien junio tuvo respecto a mayo una baja del 1,8%, el acumulado anual muestra una clara reactivación de la actividad”. También destacó mejoras en los indicadores de consumo, de insumos destinados a la construcción y de puestos de trabajo registrados.

La legisladora explicó que era necesaria una prórroga porque “en la pandemia se demoró un poco la reglamentación” de la ley original, sancionada en febrero de 2021, y eso acortó los tiempos para la ejecución del régimen.

Según González, la UOCRA (el gremio que agrupa a los trabajadores del sector), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y “diversos proveedores” se acercaron a la Cámara de Diputados a pedir la prórroga.

“En el poco lapso en que tuvo efectividad, la reglamentación dio muy buenos resultados”, argumentó, y destacó que se registraron en ese breve período “más de 7.000 adhesiones”, según la CAC.

La cordobesa Vigo acompañó el proyecto, aunque expresó sus reparos. “Estamos votando de urgencia un proyecto que pide el nuevo ministro Massa. Desde Córdoba no vamos a poner palos en la rueda, pero no puedo dejar de mencionar la falta de cordura de esta gestión que nos tiene sometidos a una incertidumbre permanente: en menos de un mes cambiaron a tres ministros de Economía y la sociedad sigue en estado de zozobra, sobre todo en cuanto a los precios”, lamentó.

A la espera de la inflación, Sergio Massa apunta al objetivo de dar señales de previsibilidad

La prórroga aprobada será por 360 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley. El proyecto establece que la declaración de tenencia de moneda extranjera o nacional en el exterior o en el país se podrá realizar, desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido un plazo de 90 días corridos, con una alícuota de 5%.

Una vez vencido ese plazo, se fijan alícuotas del 10% y del 20% para capitales ingresados con posterioridad.

Por otra parte, los beneficiarios de planes sociales que sean contratados en el marco del régimen de incentivo a la construcción que está vigente, y que además cumplan con una capacitación y cursos de formación, podrán seguir percibiendo el beneficio dentro de los 360 días de la prórroga sancionada.