El Gobierno trabaja para crear una Fiscalía anticorrupción para combatir el enriquecimiento ilícito

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves por la mañana durante su habitual conferencia de prensa que Argentina creará una Fiscalía para investigar posibles casos de corrupción entre los funcionarios públicos.

El Gobierno afirmó que “el paro de la CGT tuvo un acatamiento muy bajo y solo fue del 0,19% de los trabajadores”

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “va a sugerir en lo inmediato al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos”, especialmente en los supuestos de “enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”, aseveró Adorni.

”Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito”, dijo el vocero presidencial, quien detalló que las investigaciones pueden abarcar a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, así como de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

”Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio”, insistió Adorni.

El propio Cúneo Libarona reconoció a mediados de este mes, en una entrevista radiofónica, que el objetivo de esta Fiscalía será terminar con la “impunidad” y “perseguir más que nadie” los delitos de corrupción de los funcionarios públicos.

”El tema de la corrupción es prioritario”, reconoció entonces el ministro de Justicia, que aclaró que el nuevo órgano judicial funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Actualmente, Argentina cuenta con una Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, creada en 1999 durante la Presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001).

Esta oficina es la encargada de velar por la prevención e investigación de las conductas de corrupción en la Administración Pública.

La Oficina Anticorrupción ha intervenido, presentándose como querellante, en casos que afectaron a varios expresidentes y funcionarios públicos.

Los más sonados fueron los que involucraron a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada en diciembre de 2022 por la Justicia argentina por haber cometido “una corrupción estatal sin precedentes”, sentencia que ella apeló, y con varias causas pendientes.