Las demoras del Gobierno y el cajoneo del Congreso traban las nuevas leyes económicas

La fortísima interna política en el Frente de Todos y las posiciones irreconciliables con el opositor Juntos por el Cambio provocaron que proyectos de leyes sensibles para la economía sean cajoneados en el Congreso y no avancen.

También el Gobierno de Alberto Fernández anunció proyectos importantes para la economía que finalmente no se presentaron, en medio de una gestión que es cuestionada por propios y extraños por demoras, lentitud para la toma de decisiones y falencias producidas por las diferencias internas.

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Esto genera malestar al propio presidente Fernández, quien lee una deliberada decisión de frenar las iniciativas por parte de integrantes del oficialismo. Pero también preocupa a los gobernadores, que necesitan herramientas para atraer inversiones a sus provincias donde la situación social es compleja.

El viernes se juntaron catorce mandatarios en Resistencia. Y dejaron trascender su enojo por cómo el Congreso durmió dos proyectos de ley que ellos consideran importantes: el de agrobioindustria y el de hidrocarburos.

La Ley Agrobioindustrial fue consensuada por el Ejecutivo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Con el horizonte en 2030, la ley permitiría crear 700 mil puestos de trabajo e impulsar exportaciones por 100 mil millones de dólares, dicen sus creadores.

Esta iniciativa podría desempolvarse ahora tras ocho meses de dormir en los cajones de Diputados. Esta semana, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibió al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para dialogar sobre el proyecto, pero no confirmaron su impulso.

Entre los gobernadores, incluso los del Frente de Todos, reina el hartazgo por la falta de avances tanto a nivel ministerial como legislativo. Por eso, los que formaron la “Liga” el viernes en Resistencia quieren a todos adentro, oficialistas y opositores, para generar consensos y apurar al poder central.

La mirada descontenta de los gobernadores no solo apunta a Cristina Kirchner en el Senado y a Massa en Diputados. También a los ministerios nacionales, donde el loteo de cargos en diferentes vertientes del oficialismo demora todo y otras iniciativas no salen.

Por su parte, Cristina se desentiende de los proyectos oficiales y cuestiona internamente que tampoco está logrando que avancen leyes apoyadas por ella, como por ejemplo la que busca reunir fondos para pagarle al FMI (y para lo cual no hay votos suficientes); la del levantamiento del secreto bancario y fiscal (que ni siquiera consiguió dictamen); y la moratoria previsional.

Cristina quiere ir contra quienes durante el macrismo hicieron carry trade y formaron activos externos, lo cual es vulgarmente conocido como “fuga de divisas”. Y pide que se levanten los secretos fiscal y bancario. “No hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos”, se quejó en su último discurso.

El proyecto del ministro de Economía, Martín Guzmán, para cobrarles una alícuota especial del 15% por vía del Impuesto a las Ganancias a las grandes empresas que tuvieron “renta inesperada” en 2021 que Cristina sí apoya, para para la cual el oficialismo tampoco ha logrado aún reunir los votos suficientes. Y la iniciativa no avanza.

Iniciativas frenadas

El presidente Alberto Fernández había anunciado en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo que enviaría al menos diez nuevos proyectos de ley al Congreso este año. Uno era el de Empleo Joven, que nunca se envió.

El Indec publicó el jueves que la tasa de empleo en el país es del 43,3%. De ese total, las mujeres de hasta 29 años representan apenas 4,1 puntos porcentuales y los varones de la misma edad, 5,7 puntos.

Y de la tasa del 7% de desocupación nacional en los 31 aglomerados urbanos del país donde mide el Indec, 1,8 puntos se lo llevan las mujeres jóvenes y 1,6, los varones. Esto indica que los jóvenes representan el 48,6% de los desocupados del país.

Fernández había anunciado también una ley Ley de Nano-biotecnología (que ahora cuenta con dictamen y será tratada en la próxima sesión de Diputados); una Ley de Hidrógeno; y una para el Sistema Nacional de Calidad, para elevar los estándares de producción y así poder ganar mercados más exigentes.

Tampoco Fernández envió al Congreso la prometida iniciativa para regular por ley nacional los estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino. Y tampoco la nueva Ley de Inteligencia.

Además, hay otras siete leyes que el gobierno ya envió al Congreso nacional. El 1 de marzo Fernández había reclamado su tratamiento y aprobación.

El 6 de mayo Diputados le aprobó al Gobierno la norma que regula el desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial. En Casa Rosada esperan que con este marco regulatorio se impulse al sector y se generen unos 10.000 puestos de trabajo directos.

El Gobierno había remitido el 18 de agosto al Congreso un proyecto de ley para declarar al sector Automotriz Autopartista como industria estratégica, con beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento en toda la cadena automotriz.

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Asimismo, fue enviado el proyecto de Ley de Electromovilidad (para la producción de automóviles eléctricos). Estas dos últimas iniciativas más la de agroindustria e hidrocarburos habían sido parte del temario para las sesiones extraordinarias que fueron convocadas para febrero y nunca se concretaron.

El Ejecutivo también impulsa una ley de Compre Argentino, para fortalecer el poder de compra del Estado como elemento de tracción para el desarrollo industrial, en particular en las PYMES y cooperativas. Pero la iniciativa está trabada porque Juntos por el Cambio está en contra de aumentar aún más los margenes de preferencias compañías nacionales.

Recientemente Fernández lamentó que el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envió en 2020 y fue aprobado por el Senado no haya avanzado en Diputados. Y le pidió a la cámara que conduce Massa que dé la discusión.

También el Gobierno ha enviado al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental, con el objetivo establecer criterios aplicables a todo el territorio nacional para proveer un piso de protección ambiental.

La Constitución Nacional de 1994 incorporó en su artículo 41 un esquema que le permite al Estado nacional dictar leyes que contengan “presupuestos mínimos de protección ambiental”, a las que las provincias deben ajustarse. Pero el Congreso no avanzó sobre esta iniciativa.