Leonardo Cositorto fue imputado por 11 estafas en Rosario y quedó preso

También acusaron formalmente a otros tres integrantes de Generación Zoe. El monto de lo defraudado en la ciudad asciende a u$s175.343.

Leonardo Cositorto enfrenta causas en todo el país
Leonardo Cositorto enfrenta causas en todo el país Foto: Archivo

Leonardo Cositorto y otros tres integrantes de Generación Zoe fueron imputados en Rosario por asociación ilícita para cometer estafas. Recibieron prisión preventiva.

Este martes se llevó adelante la audiencia imputativa en la que el fiscal Mariano Rios Artacho le atribuyó a Cositorto, Edmundo Roque Depiante, Delfina Depiante y Verónica Rampello los delitos de Asociación ilícita en carácter de coautores, así como también once estafas.

La Fiscalía les atribuyó haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada, todo ello bajo la estructura de una sociedad anónima con la denominación “Generación Zoe S.A”, liderada por el Cositorto, simulando dedicarse a la actividad financiera, y de esa manera defraudar a las víctimas.

Dicha maniobra consistía en captar a las víctimas, a quienes les ofrecían rentas mensuales realizando una inversión en dólares. Operaban bajo diferentes modalidades: la principal era denominada “membresías”, las cuales prometían un interés mensual del 7.5%. También estaban los llamados “robots”, inversiones con diferentes plazos e intereses. Todo ello, a sabiendas de que no podrían abonar lo prometido.

Finalmente, en febrero de este año, dejaron de abonar dichos intereses y no reintegraron el capital invertido por las víctimas, provocando un perjuicio económico en la suma aproximada de U$D 175.343.

La Jueza de Primera Instancia Dra. Castelli tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Cositorto y Depiante, mientras que Rampello recibió prisión domiciliaria y a Depiante se le concedió la libertad con reglas de conducta como: fijar domicilio, firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y prohibición de salida del país, prohibición de acercamiento hacia las víctimas por cualquier medio.