La Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó el pedido para liberar al matrimonio condenado por la desaparición de Paula Perassi. De esta manera se ratificó la prisión preventiva para las dos únicas personas declaradas culpables por el caso denunciado hace casi una década en San Lorenzo.

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La decisión del juez Carlos Carbone se dio a conocer este lunes a cinco meses de la confirmación del fallo contra Gabriel Strumia y Roxana Michl. La última resolución de un tribunal de alzada en diciembre sostuvo la pena de 17 años de cárcel para el empresario y la de 6 años y 6 meses para su pareja.

En esta nueva instancia, la defensa insistió en que no hay peligrosidad procesal en torno a la situación de ambos imputados. Además plantearon que la mujer condenada se encuentra en “grave estado de salud” y solicitaron que se le concedan salidas alternativas en relación al tiempo que lleva tras las rejas.

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Carbone descartó aplicar medidas cautelares como el arresto domiciliario u otras medidas cautelares no privativas de la libertad. De esta manera, le dio la derecha al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a la querella de Alberto Perassi. El padre de Paula participó de la audiencia por videoconferencia y reiteró que “no busca meter preso a nadie sino que quiere el cuerpo de su hija”.

A la hora de repasar el caso, la fiscal regional María Eugenia Iribarren subrayó la “actitud completa de entorpecimiento probatorio” de Strumia y Michl desde que la sanlorencina desapareció en septiembre de 2011. “Los imputados tuvieron que tener ayuda para lograr un crimen sin cuerpo”, insistió en relación a la absolución de los policías involucrados en el proceso.

Al empresario acusado se lo condenó en segunda instancia por privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Perassi, con quien mantenía una relación extramatrimonial. Su esposa, en tanto, fue considerada partícipe secundaria en torno al hecho investigado en torno a la hipótesis de un aborto clandestino para que la víctima interrumpiera su embarazo.