Entidades rurales de San Luis consideran que la ley de biocombustibles va contra los intereses del pueblo

La nueva ley de biocombustibles obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y tres diputados provinciales oficialistas votaron a favor de la norma, algo que molestó a entidades rurales que se pronunciaron en contra. Manifestaron que “provoca un enorme perjuicio a la provincia en beneficio de otras”.

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El proyecto fue propuesto por Máximo Kirchner y aprobado con 135 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que pasó a la Cámara de Senadores. Por San Luis, Carlos Ponce, Karim Alume y Victoria Rosso dieron su voto a favor.

Ante esta situación, entidades rurales emitieron un documento en el que se oponían y fue firmando en nombre de la Sociedad Rural Río Quinto, Sociedad Rural de San Luis, Asociación Agrícola Ganadera Justo Daract, Sociedad Rural del Norte, Sociedad Rural del Rosario y Sociedad Rural Valle del Conlara.

“San Luis ha sido pionera en el respeto por el medioambiente, estimulando la radicación de importantes emprendimientos de producción de biodiesel y etanol. Nos sorprende y nos duele que legisladores de San Luis aprueben con su voto la disminución en el corte de estos biocombustibles beneficiando a Provincias extractoras de combustibles fósiles que no le generan ningún beneficio a los puntanos ni al medio ambiente”, indicaron en el documento.

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“Resulta muy duro aceptar que nuestros legisladores, representantes del pueblo de San Luis, no hayan emitido una sola palabra sobre el cierre de exportaciones; sino que además votan en contra de los intereses de todos los sanluiseños en relación a la producción de biocombustibles”, señalaron.

El proyecto de biocombustibles establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Tiene por objetivo reemplazar a la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.

El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel, a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, en que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria.