Emergencia en seguridad en Santa Fe: fuerzas opositoras se reunirán en Rosario para tratar el tema

Luego de que el Gobierno de Santa Fe, encabezado por Omar Perotti, enviara al Senado provincial un proyecto de ley para declarar el “Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario”, referentes de once partidos políticos opositores se reunirán el próximo miércoles en Rosario para tratar ese tema, entre otras cuestiones.

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Consultado por el medio AIRE, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, confirmó el encuentro e informó que el martes partidos de la coalición de Juntos por el Cambio mantendrán una reunión previa para acordar miradas comunes al respecto.

“El tema de la inseguridad representa la mayor preocupación para todos los que vivimos en la provincia de Santa Fe. Sobre todo, en las grandes ciudades. Pero ante este nuevo planteo de la gestión de Omar Perotti, surgen inmediatamente algunas preguntas: ¿esta vez el gobierno utilizará los recursos de una nueva emergencia?, ¿desperdiciará nuevamente la herramienta, como sucedió en 2022?”, planteó el legislador.

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Y agregó: “Siempre estamos predispuestos a realizar aportes propositivos, sobre todo frente a esta situación que es gravísima. Por eso necesitamos toda la información sobre cómo se utilizaron las partidas de la emergencia en seguridad en el último año”. “No quisiéramos que los fondos disponibles por una nueva emergencia terminen siendo utilizados con fines electorales. Debemos tomar todos los recaudos del caso, porque ya les aprobamos una emergencia y no la aprovecharon”; sentenció.

¿Qué partidos estarán presentes en la cumbre opositora santafesina?

En este marco, referentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Pro, Creo, la Coalición Cívica, Encuentro Republicano Federal, UNO, Unir, Ucedé, PDP y Gen tendrán un encuentro para analizar la cuestión e intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley del oficialismo.

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Dicha iniciativa busca volver a declarar el “Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario”, que perdió vigencia con el fin del año 2022. De aprobarse, podría duplicar el presupuesto para licitaciones relativas a compras de patrulleros y elementos de uso de la fuerza pública.