El conflicto político que generó la denuncia de espionaje ilegal en Santa Fe sumó un nuevo capítulo este martes con el pedido de una auditoría del Ministerio de Seguridad provincial. La medida fue impulsada por el gobernador Omar Perotti, que viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández en medio de la reestructuración de la cartera.

Mediante un decreto publicado cuatro días después de las requisas judiciales en Rosario y la capital, el Ejecutivo le encomendó a la Fiscalía de Estado la apertura “inmediata” de una investigación administrativa. Así apuntan a determinar si personal del área tuvo “conductas reñidas con el ordenamiento jurídico”.

Las medidas probatorias solicitadas desde el viernes por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez tuvieron gran repercusión en el arco político santafesino. Los procedimientos se pusieron en marcha tras la designación del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, como asesor de la cartera nacional.

Luego de la inspección en las oficinas públicas, 12 funcionarios ligados al criminólogo presentaron la renuncia. Se espera que sus reemplazantes se designen formalmente este miércoles, cuando Perotti tiene programada una reunión con referentes de la oposición.

El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, confirmó este lunes que los investigadores fueron a las sedes del ministerio porque les avisaron que allí estaban “destruyendo información y documentación”. Así se dispuso el secuestro de computadoras y celulares de algunas de las personas que dejaron sus cargos en medio del conflicto.