Diputados de Consenso Federal adelantaron que no apoyarán la reforma que impulsa el Gobierno en la Procuración

Graciela Camaño y otros dos diputados que responden a Roberto Lavagna afirmaron este lunes que no apoyarán la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa en Diputados el oficialismo. El proyecto pretende eliminar el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establecer un mandato de cinco años.

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Los integrantes del bloque de Consenso Federal emitieron un comunicado en el que manifestaron que “no son tiempos de reformas judiciales”, sino de “resolución de problemas que afectan la vida diaria”.

“No pueden las fuerzas políticas cuyos líderes se encuentran encausados judicialmente resolver las reformas que el servicio de justicia necesita para mejorar su funcionamiento”, agregaron.

Otro que manifestó su rechazo al proyecto fue el aliado oficialista Eduardo “Bali” Bucca: “Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del ministerio público fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?”, expresó en su cuenta de Twitter.

El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia Martín Soria.

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Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.

Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (1 por la mayoría y 1 por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).

En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.