“Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa”: entre negociaciones, así fue la noche del acuartelamiento

En 1974, un levantamiento de la Policía de Córdoba por cuestiones políticas fue escenario de una frase que quedó en la historia: “Qué los cordobeses se cocinen en su propia salsa”. Fue dicha por Juan Domingo Perón ante la complicada situación que se vivía, ese hecho hoy se conoce como El Navarrazo.

"Había una sensación de que querían que Córdoba se incendiara"

Dicha frase se le atribuye a lo que sucedió hace una década, cuando Córdoba volvió a sentirse “abandonada”. El 3 y 4 de diciembre de 2013 produjeron un quiebre entre la mayoría de los habitantes de la provincia y el kirchnerismo. Ante el acuartelamiento policial, un reclamo que se gestó por aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, la provincia se vio librada a miles de saqueos, más de 200 heridos y dos personas muertas.

Aquella noche, denominada La hora del Lobo por un filme cordobés, dejó una huella en los cordobeses, sobre todo en quienes estuvieron parados en cada vereda: los ciudadanos y la Policía de Córdoba.

ENTRE ACUERDOS Y DESACUERDOS: LOS INICIOS DEL ACUARTELAMIENTO POLICIAL EN CÓRDOBA

“Aquellos días del año 2013, amanecí cumpliendo las tareas comunes que hago en Tribunales. Recuerdo que aproximadamente a las 10 de la mañana, recibí una llamada telefónica de uno de los sargentos que estaba comandando aquella manifestación de policías”, relató en diálogo con Vía Córdoba, Miguel Ortiz Pellegrini, sobre el 3 de diciembre.

Ortiz Pellegrini fue el abogado de la mayoría de los oficiales procesados y en 2013, fue el interlocutor entre los acuartelados y el Gobierno provincial, en aquel momento, a cargo de José Manuel De La Sota.

La protesta tenía como base la sede del CAP, ubicada sobre la calle Celso Barrios en barrio Cerveceros, al sur de la capital cordobesa. Hasta allí se dirigió Ortiz Pellegrini junto a su hijo, quien también es abogado. “Llegamos al mediodía y allí permanecimos todo el día y toda la noche, hasta que llegó al acuerdo con el gobernador De la Sota”, contó.

“Lo primero que recuerdo es que había, aproximadamente, 5.000 personas e incluso familias, chicos, esposas, y a la tarde llevaron sillas y carne para un asado”, rememoró. Asimismo, comentó que todo el ambiente estaba “muy desordenado” y trató de organizar una “petición racional” para llegar a un acuerdo con la Provincia. Se ordenaron según el sector en el que trabajaban: motos, administrativos, CAP, Guardia de Infantería y Caminera.

“En ese momento, llegamos a la conclusión de que había que hacer una petición de salarios. En aquel tiempo, el ingreso de un policía eran 5.000 pesos, con los que no pagaban ni el alquiler de la casa. La petición fue algo así como 12.000 y pico de pesos por mes, que implicaba un aumento de casi el 150 por ciento”, sostuvo Ortiz Pellegrini.

OSCAR GONZÁLEZ Y JOSÉ MANUEL DE LA SOTA, LOS INTERVINIENTES

De acuerdo a lo relato por el hombre, los oficiales lo “designaron como interlocutor”, por lo que, con él presente, comenzaron las negociaciones con el Gobierno. “El primero que se hizo presente fue quien era el jefe de Gabinete, Oscar González. Fuimos a un bar de la zona sur, estábamos sentados hasta que el dueño nos corrió diciendo que había sublevación policial, que tenía miedo, sin preguntarnos quiénes éramos”.

Con muchas idas y vueltas, no pudieron llegar a un acuerdo ese 3 de diciembre. Durante la tarde, cayó el sol y comenzó una de las noches más largas que vivió Córdoba. “Todo dependía de la autorización del señor gobernador, que era De la Sota, y que estaba ausente. Llegó a las dos y pico de la mañana y escuchamos por radio que los iba a echar a todos”, dijo el letrado.

En paralelo, a De la Sota “no le respondían el teléfono” desde el Gobierno nacional, que por ese entonces, era presidido por Cristina Fernández de Kirchner.

“Traté de generar tranquilidad, porque cuando un policía se subleva no hay marcha atrás, no hay más remedio que seguir adelante para llegar a un acuerdo, porque si se retrocede pierde su calidad de policía y muy probablemente su libertad”, explicó Ortiz Pellegrini. Cerca de las 4 de la madrugada del 4 de diciembre, se reunieron con José Manuel de La Sota en Casa de Gobierno.

“Yo le dije que mi opinión era que había que aumentarles el sueldo a la Policía, que estaba en una situación realmente desfasada de la realidad”, sostuvo. “También hubo alguna conversación sobre la cuestión política, ya que él y distintos funcionarios habían requerido la ayuda de Gendarmería nacional, pero no los atendían”, continuó.

“Capitanich le decía que los cordobeses se cocinen en su salsa. Sin dudas, el kirchnerismo de entonces estaba tramando la intervención de la provincia. Ese fue uno de los puntos por los cuales el gobernador estaba muy apurado”, explicó el letrado.

La discusión y las idas y vueltas entre los acuartelados y el Gobierno provincial continuaron hasta las 9 de la mañana. Ortiz Pellegrini fue el encargado de redactar el acuerdo, donde, además del aumento salarial, se incluyó que la fuerza policial no iba a ser sancionada y que César Almada y Carlos Galbucera, jefe y subjefe de la Policía, mantendrían sus puestos. Alrededor de las 10, la Policía volvió a las calles a trabajar.

ACUERTELADOS VS. PODER PROVINCIAL: UN ACUERDO QUE NO FUE

Dos días después de lo acontecido, se ordenó el arresto de 16 policías, quienes estuvieron presos durante casi dos meses y fueron despedidos de la Fuerza, según el relato de Pellegrini.

Años después, en 2018, se elevó a juicio a 56 policías que se habían amotinado. En este marco, la investigación que llevó la Justicia probó que la Policía de Córdoba “conocía perfectamente la llegada de gente de Buenos Aires y Tucumán que después recorrieron la ciudad rompiendo persianas e instando a los saqueos”, precisó.

El acuerdo inicial no se cumplió. No solo procesaron policías “al azar” sino también que Almada y Galbucera perdieron sus cargos dentro de la Fuerza.

La justicia federal de Córdoba se declaró incompetente en la causa por el motín policial de 2013

“Afortunadamente, la Cámara les puso una pena mínima de unos pocos meses de prisión condicional. Los 56 policías siguen estando en situación activa y recientemente, se decidió desde el punto de vista administrativo, imponerles una sanción de 40 días en suspensión”, concretó Ortiz Pellegrini.