Victoria Villarruel cuestionó el envío de Fuerzas Armadas a Rosario: “El narco es un civil”

La actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, brindó este jueves una entrevista televisiva en la que expuso coincidencias y diferencias con la gestión de Javier Milei. Entre otras cosas, blanqueó su desacuerdo con la posibilidad de modificar la Ley de Seguridad Interior y opinó sobre el envío de las Fuerzas Armadas a Rosario para combatir el “narcoterrorismo”.

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“No estoy de acuerdo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a los civiles, creo que había quedado claro con el tema de los ´70. El narco, para el derecho, es un civil”, sostuvo en un extenso diálogo con TN y disparó: “En los 70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que los combatieron? Presos”.

En este marco, la funcionaria explicó que, con la legislación vigente, si un agente del Estado lucha contra el terrorismo “el plexo legal no lo permite” ya que “los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”.

Y remarcó que, en caso de modificarse la ley de Seguridad Interior, con la consecuente ampliación de la posibilidad operatoria de las FFAA en Rosario para combatir el narcotráfico, el Estado debe respaldar las acciones de las Fuerzas y asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas.

“En caso de repeler el terrorismo, narcoterrorismo o cualquiera de las nuevas amenazas, los militares van a tener el respaldo estatal en la orden que se les está impartiendo, si no, pasa lo que pasó después en los 70′: un gobierno democrático que había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados. Incluso, hoy tenés gente que está pagando penas más gravosas que Videla o Massera”, analizó.

El gobierno nacional envió el proyecto de modificación de la ley de seguridad interior al congreso

Vale recordar que el jueves, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Defensa, Luis Petri, anunciaron el envío de un paquete de leyes al Congreso Nacional que incluyó la modificación de la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de ampliar el rol de las FFAA.

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De manera puntual, y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”.

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Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

Por otra parte, también se indica que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado”.

las facultades que se agregarían a las ffaa

Según Petri, la propuesta plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad interior.

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En ese sentido, esperan que actúe “en patrullajes, control de personas, vehículos, instalaciones y aprehensión en flagrancia y que también puedan usar medios coercitivos, pero con las mismas normas que regulan a las fuerzas de seguridad”; y en este punto remarcó: “Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber”.