Agroquímicos en Tandil: citan a indagatoria a cinco personas acusadas de fumigar cerca de una escuela rural

Los implicados deberán presentarse en el Juzgado Federal de Azul a prestar declaración indagatoria el 11, el 12 y el 13 de abril

Un nuevo episodio se suma en Tandil respecto al uso de agroquímicos. Es que a través de una investigación fiscal, confirmaron que en el paraje rural de Gardey hallaron la aplicación de sustancias prohibidas y utilizadas en cercanías a tres escuelas de la región, por lo que hay implicadas a cinco personas que deberán dar declaración en abril.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, pidió la declaración indagatoria a cinco implicados en la causa, donde encontraron la presencia de cultivos y de residuos de fumigación con agroquímicos en zonas donde está prohibido por ordenanza municipal.

Quien estuvo a cargo de la investigación fue la organización ambientalista BIOS, que participa como querellante en la causa que está a cargo de la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide. La denuncia fue hecha en 2020.

El detonante de la causa fue la investigación que presentó el Ingeniero Claudio Lowy, que presentó el Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil realizado por la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), con apoyo de los establecimientos educativos, en donde advertían por la presencia de residuos de agroquímicos biocidas.

Es por eso que tras el hallazgo, los implicados deberán presentarse en el Juzgado Federal de Azul a prestar declaración indagatoria el 11, el 12 y el 13 de abril próximos.

Para la fiscalía, la falla está penada en el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos 24.051, “a la luz de la prohibición de efectuar aplicaciones de productos agroquímicos prevista para el espacio territorial determinado, establecida tanto por la derogada ordenanza local 12.316 como por la vigente 17.404 del año 2021″.

La ley nacional establece la misma escala penal que la prevista en el artículo 200 del Código Penal (de tres a diez años de prisión) para quien, utilizando los residuos a que se refiere esa norma, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.